"El Gobierno catalán insiste en la consulta popular"

El Gobierno catalán insiste en la consulta popular

El Gobierno Catalán insiste en realizar la consulta popular por lo que ha presentado al Tribunal Constitucional los recursos para que se levante la sanción.

El Gobierno catalán insiste en la consulta popular
El presidente del Gobierno catalán, Arturo Mas, ha declarado que ya solicitó al Tribunal Constitucional que levante la sanción para poder realizar la consulta popular, (Foto: Twitter)

Los dirigentes de la comunidad autónoma de Cataluña se han mostrado contraria a la decisión del Tribunal Constitucional e insiste en realizar la consulta popular el 9 de noviembre.

Arturo Mas, presidente del Gobierno regional de Cataluña, afirmó hoy durante una sesión en el Parlament que “en este momento” no está en el “escenario” de la “desobediencia civil”, sino en el de pedir al Tribunal Constitucional que levante la suspensión de la consulta. Además, subrayó que el objetivo de su gobierno es que el máximo intérprete de la Constitución española levante la suspensión cautelar sobre la consulta soberanista antes del 9 de noviembre para poder celebrarla.

El Gobierno catalán registró hoy ante el Constitucional su petición y presentó un escrito para personarse en el procedimiento abierto por el alto tribunal contra la ley de consultas, aprobada por el Parlamento de Cataluña el pasado día 19, en la que se ampararía la cita del 9 de noviembre. El Ejecutivo catalán decidió ayer suspender la campaña institucional para la consulta de carácter soberanista después de que el día antes el Tribunal Constitucional admitiera a trámite el recurso presentado por el Gobierno de España contra esta iniciativa, lo que se traduce en la suspensión cautelar de la consulta.

La convocatoria de la consulta fue una promesa de CiU, la coalición nacionalista de centroderecha que gobierna en Cataluña (noreste), durante las elecciones regionales de 2012, y apoyada por otros partidos independentistas y organizaciones sociales.

El objetivo era que los ciudadanos de esa comunidad autónoma española (7,5 millones de habitantes) se pronunciaran acerca de la soberanía de su territorio y, eventualmente, de su independencia.