"Consulta por independencia en Cataluña es impugnada por el Gobierno"

Consulta por independencia en Cataluña es impugnada por el Gobierno

La consulta por la independencia en Cataluña, que era de carácter informal, ha sido impugnada por el Gobierno de España ante el Tribunal Constitucional.

Soraya Saénz entrevistada
La consulta por la independencia de Cataluña ha vuelto a ser impugnada por el Gobierno. (Foto: Twitter)

El Gobierno español presentó el recurso para impugnar ante el Tribunal Constitucional (TC) la convocatoria por el Ejecutivo de la región de Cataluña de celebrar una consulta informal y alternativa para la independencia de la comunidad autónoma.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó tras la reunión semanal del Gabinete que se pretende con ello “asegurar el Estado de Derecho y proteger la democracia”. La decisión del Ejecutivo central llega al día siguiente de que el Consejo de Estado, un órgano consultivo, aprobara por unanimidad un dictamen favorable a la impugnación de la consulta.

Varias formaciones nacionalistas catalanas defienden desde hace meses la celebración de una consulta en la que los ciudadanos se pronuncien acerca de una eventual independencia del territorio. El presidente de la región, Artur Mas, firmó hace varias semanas un decreto para convocarla. Un primer recurso del Gobierno central fue admitido a trámite por el TC, lo que significó la paralización del referéndum. No obstante, Artur Mas reiteró su intención de que el 9 de noviembre los catalanes puedan votar y para ello defiende una consulta informal, sin validez legal, con el principal objetivo de que haya una participación amplia que haga ver el deseo de los ciudadanos de dar su opinión sobre la soberanía. Esta segunda consulta, que se haría sin censo previo de electores y se podría prolongar hasta dos semanas a partir del día 9, ha vuelto a ser impugnada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy (PP, centroderecha) ante el Constitucional.

La vicepresidenta aseguró hoy que uno de los motivos es “evitar el fraude” a los ciudadanos, al tratarse de una consulta que percibe como contraria a la Constitucional así como “proteger” a los funcionarios encargados de su preparación, porque cometerían una ilegalidad y podrían ser perseguidos por la Justicia.